Dentro de estos tres grupos, algunos españoles ilustres optaron por aceptar al nuevo rey francés, y otros continuaron defendiendo la dinastía borbónica. Se da la paradoja de que, aunque se considera a José Bonaparte defensor del reformismo en España, fue un reformista asturiano (Jovellanos), quien asumió la tarea de preparación de las Cortes de Cádiz que promulgarían la Constitución. Además, las dos posturas más extremas (absolutistas y liberales) tenían un importante objetivo común: la defensa de la patria y los derechos de Fernando VII. Esta causa los unió circunstancialmente, pero con su vuelta, Fernando VII traicionaría la confianza que los liberales pusieron en él. El principal texto legal del gobierno de José I era el Estatuto de Bayona. Era ésta una Constitución en la que intervinieron ilustres afrancesados españoles, que se promulgó como una concesión del rey, y defendía una representación mediante estamentos. Aunque se declaraban tímidamente ciertos derechos de los ciudadanos, en el rey se confundían todos los poderes. La historia demostró que la Constitución de 1812 no sólo llegaba mucho más allá, sino que suponía un adelanto a su tiempo ya que, aunque nunca fue respetada por Fernando VII, plantó las bases del constitucionalismo monárquico español. |